- “A casi cuatro años de haber descubierto y denunciado el caso Zumba ante la Contraloría y la justicia, hoy por fin vemos un avance concreto”, sostuvo el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.
- Tras una extensa investigación, el Ministerio Público formalizó por los delitos de asociación ilícita criminal, obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y lavado de activos, a 6 imputados querellados por el Gobierno Regional de Santiago. 4 de los 6 detenidos, quedaron en prisión preventiva.
Santiago 03 de julio 2025.- En el marco de una investigación penal, impulsada por el Gobierno Regional de Santiago desde septiembre de 2022, se logró dar un paso fundamental para desarticular una agrupación criminal que de manera sistemática desviaba recursos públicos a través de organizaciones sin fines de lucro utilizadas como fachada. Este proceso judicial fue impulsado activamente por el Gore Metropolitano e investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
Estos hechos fueron detectados por el actual equipo del Gobierno Regional de Santiago, encabezado por el gobernador Claudio Orrego, apenas asumida esta administración, al revisar proyectos de la administración del ex intendente Felipe Guevara. Iniciativas que presentaban indicios de duplicidad, sobreprecios injustificados y vínculos personales entre las entidades ejecutoras. En su momento, se presentaron querellas, se iniciaron sumarios y se solicitó formalmente la intervención de la Contraloría.
Tras una extensa investigación, el Ministerio Público formalizó por los delitos de asociación ilícita criminal, obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y lavado de activos, a 6 imputados querellados por el Gobierno Regional de Santiago. 4 de los 6 detenidos, quedaron en prisión preventiva.
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, enfatizó que “a cuatro años de haber denunciado el escandaloso caso Zumba, hoy vemos avances concretos. La detención de seis personas, cuatro de ellas que quedaron con prisión preventiva, confirma nuestras sospechas de que aquí había un fraude grave, asociación ilícita y también apropiación indebida de fondos que nos pertenecían a todos los santiaguinos. Lo dijimos ayer y lo reiteramos hoy día: no vamos a descansar hasta que estas personas paguen su responsabilidad y recuperemos hasta el último peso que le pertenece a toda la ciudad”.
El accionar, impulsado por el Gobierno de Santiago, fue determinante para lograr este hito, toda vez que la detección oportuna de los hechos y las querellas presentadas por el Gobierno Regional de Santiago permitieron la apertura de una línea investigativa robusta, que fue acompañada con diligencias solicitadas de forma estratégica, incluyendo la incautación anticipada de fondos, la comparación de boletas y comprobantes bancarios, y la recopilación de antecedentes financieros que demostraron que los cuestionados proyectos —como un “masivo de zumba” en plena cuarentena por la pandemia— jamás se realizaron, teniendo por fin únicamente el apropiarse de los recursos públicos.
Imputación y medidas cautelares
Jorge Arcos, sindicado como el principal articulador de la red, se desempeñó como tesorero de la ONG RCKLT, presidente de la Asociación Deportiva Regional de Halterofilia La Florida y tesorero de la Corporación Patrimonial Historias Nuestras. Fue imputado por los delitos de asociación ilícita, fraude al fisco y lavado de activos. El tribunal fijó una caución de $80 millones.
Manuel Zapata, presidente de la ONG RCKLT, fue imputado por los mismos delitos y también quedó afecto a una caución de $80 millones.
Jaime Bravo, considerado líder operativo de la asociación ilícita y encargado de coordinar retiros de dinero y operaciones logísticas, fue imputado por asociación ilícita y fraude, con una fianza fijada en $30 millones.
Jorge Castillo fue formalizado por asociación ilícita y fraude, con una caución establecida en $25 millones.
Todos los imputados mencionados quedaron en prisión preventiva hasta que paguen las respectivas cauciones, con un plazo de 180 días para cumplir esta condición.
En tanto, Cecilia Yáñez, expresidenta de la Asociación Deportiva Regional de Halterofilia La Florida, y Jorge Toro quedaron sujetos a las siguientes medidas cautelares: firma semanal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados.
Modus Operandi
El fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Miguel Ángel Orellana, detalló que la organización criminal desarticulada operaba mediante la utilización de distintas personas jurídicas —ONGs y empresas preexistentes— que cumplían formalmente los requisitos legales para acceder a fondos públicos. A través de estas entidades, se adjudicaron cuatro proyectos por un total de 750 millones de pesos entre 2020 y 2021 en la ex intendencia liderada por Felipe Guevara, muchos de ellos vinculados a economía circular en centros penitenciarios y servicios comunitarios, sin que las iniciativas fueran realmente ejecutadas.
La investigación reveló una estructura jerárquica con roles definidos: algunos integrantes se encargaban de establecer vínculos con instituciones públicas, otros manejaban cuentas bancarias y otros controlaban empresas relacionadas que facilitaron el desvío de recursos fiscales hacia el patrimonio personal de los imputados. El Ministerio Público calificó los hechos como delitos de asociación ilícita, subvención fraudulenta y lavado de activos.
