“Si queremos ganarle al crimen organizado en las calles, tenemos que partir por dominar lo que pasa en las cárceles”, afirmó el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.
Santiago, viernes 26 de julio de 2024.- El proyecto, financiado por el Gobierno de Santiago por más de $200 millones, brindará seguridad a los funcionarios frente a situaciones de emergencia como disturbios, desórdenes, intentos de motines, entre otros.
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, enfatizó que “si queremos ganarle al crimen organizado en las calles, tenemos que partir por dominar lo que pasa en las cárceles”. Además, detalló que la iniciativa contempla la compra de 20 dispositivos no letales, las cuales se estarían disponible en los próximos meses. “Estás herramientas se suman a las que ya tienen los gendarmes, con las cuales se logrará proteger la vida e integridad de los funcionarios, disuadir al que intenta agredir o cometer un delito, reducir los reclamos por uso abusivo de la fuerza, entre otros”.
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, destacó que, «nuestro país tiene el control de los establecimientos penitenciarios. Gendarmería de Chile puede dar la tranquilidad a todas las personas, a nivel nacional, de que tiene el control de los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, las amenazas y los desafíos que tenemos son importantes. No nos puede ocurrir lo que ha ocurrido en otros países de la región, y para eso estamos trabajando fuertemente para fortalecer nuestro sistema penitenciario».
Mientras el director Nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, valoró el aporte de la Gobernación, y enfatizó que, “hoy, Gendarmería cumple un rol clave en materia de seguridad pública y en el combate al crimen organizado, por lo que, la adquisición de este tipo de armamento será un refuerzo en contextos y situaciones específicas, mediante un control efectivo y que minimiza el contacto físico ante eventuales situaciones, brindando, además, mayor seguridad para nuestros funcionarios”.
Las pistolas Taser proyectan electrodos con un alcance de puntas de contacto no superior a 5 metros. Incluyen batería recargable, un kit de batería de reemplazo, y al menos 20 cartuchos por arma. Además, 20 cámaras corporales compatibles y conexas al dispositivo electrónico de inmovilización temporal, con plan de conectividad para transmisión online y alertas automáticas. Debe poseer un software digital el cual grabe y registre datos que son necesarios como medios de respaldo al procedimiento.
Se estima la llegada de esta adquisición en los próximos 2 a 3 meses, para luego iniciar un período de capacitación técnica, previa a su implementación, la que está prevista para el primer trimestre de 2025.
